Sobre movilización del 18 septiembre

Banqueros y políticos: “sacad vuestras manos de los servicios públicos” 

Los servicios públicos de los países occidentales están en el punto de mira de los “mercados”, su objetivo: privatizar las partes rentables y transformar el resto en sistemas de beneficencia. Este proceso de deterioro y privatización no tiene colores políticos, está siendo realizado por y/o con la complacencia de todo tipo de partidos, y con el apoyo de organizaciones y sindicatos subvencionados.

Sanidad. Los determinantes del proceso salud-enfermedad son políticos. Cuanto más desigual es un país, mayores son los problemas sanitarios y sociales. Los recortes sociales están provocando un incremento de las desigualdades y un empeoramiento de las condiciones de vida, que se traducen en un deterioro de todos los indicadores de bienestar social (mortalidad, morbilidad, esperanza de vida, suicidios, fracaso escolar, descenso de la movilidad social, aumento de la población encarcelada, de la violencia y del número de fuerzas policiales…..).  

Los sistemas sanitarios públicos, fruto de  las luchas obreras del siglo XX, tienen un marcado componente curativo, ya que su principal objetivo es el tratamiento de las enfermedades de los trabajadores para reincorporarles cuanto antes al puesto de trabajo. En el contexto actual, con una parte cada vez mayor de la población en paro estructural,  la patronal no necesita un sistema sanitario público, de cobertura universal y gratuito en el momento del uso (la sanidad no nos la pagan ni políticos, ni empresarios, ni banqueros, la pagamos todos con nuestros impuestos). Eso explica el proceso de desmantelamiento, privatización y recortes que estamos sufriendo.

En el estado español, la privatización es posible gracias a la Ley 15/97, que permite la entrada de las empresas privadas en la gestión y explotación de los centros sanitarios y socio-sanitarios. Previamente han extendido la falsa idea de que el sistema es “insostenible” (el gasto sanitario público del estado español está muy por debajo de la media de la UE 15), mientras preparan un nuevo impuesto, esta vez “a la enfermedad”, mediante el pago de tasas o copagos/repagos en el momento de la utilización de los servicios o, excluyendo ciertas prestaciones sanitarias para que, quien pueda pagarlas, contrate pólizas de seguros privados.

Educación. Todo sistema democrático que se precie ha de proteger y priorizar el papel fundamental de la Educación Pública, ya que es la de TODOS y TODAS, la única que garantiza una educación en igualdad y permanece abierta a la diversidad constitutiva de toda sociedad.

Una escuela del conocimiento libre y crítico, basada en el saber científico y humanista como fin en sí mismo, que apuesta por el pleno desarrollo de las capacidades del ser humano y sus posibilidades de mejora como conjunto.

La Educación Pública está siendo atacada en nuestra Comunidad por la administración autonómica, con la complicidad de la administración central. El ataque es claro, se la ahoga económicamente y se la desprestigia socialmente.

Con argumentos falaces sobre la crisis, pretenden convertir la enseñanza pública, conquistada con el esfuerzo de nuestros mayores, en un nicho de negocio. Este proceso de privatización supone por tanto un expolio de los bienes del pueblo, introduce el factor del beneficio en la cobertura de los derechos más fundamentales, y crea una doble red de atención que fragmenta y segrega a la ciudadanía en función de sus ingresos y/o creencias. Al mismo tiempo impulsa la competitividad desleal de los centros por los recursos, y la precarización laboral y salarial de los trabajadores.

¿Son “sostenibles” los servicios sociales públicos?

En primer lugar hay que decir que el gasto social público en relación a nuestro PIB  está seis puntos por debajo del de la media de la UE. Para llegar a la media faltan 85.000 millones de euros al año.

En segundo lugar, la “sostenibilidad” es una cuestión de prioridades políticas y para analizar lo que sucede hay que ver los ingresos de las arcas públicas, es decir los impuestos, y algunos gastos perfectamente prescindibles.

No solamente no habría déficit sino que sobraría dinero para gastos sociales si en lo que se refiere a los ingresos:

. ..desde 1988 no se hubieran hecho reformas sucesivas del Impuesto sobre la Renta para que paguen menos los que más tienen.

. ..en 2007 no se hubieran rebajado drásticamente los tipos a los que cotiza el capital.

. ..desde 1991 no se hubiera reducido el Impuesto de Sociedades o creado las SICAV para las grandes fortunas que tributan al 1%.

. ..no se hubieran suprimido los Impuestos sobre Patrimonio y sobre Sucesiones

. ..además se persiguiera eficazmente el fraude fiscal, el más alto de la UE, que deja de ingresar 90.000 millones de euros al año.

Y si, desde el punto de vista de los gastos:

. ..en 2010 no se hubieran puesto 180.000 millones de euros a disposición de la insaciable banca que ahora reclama más para sanear y privatizar las Cajas

. .. disminuyera drásticamente en gasto militar que ha generado recientemente una deuda de 26.000 millones de euros en compra de armamento para aniquilar a pueblos como en Afganistán o en Libia.

. ..se anularan los 25 millones de euros anuales que gasta la monarquía, o los 10.000 millones de euros que cuesta a las arcas públicas la iglesia católica, o los despilfarros sangrantes en infraestructuras como aeropuertos, AVE, o la corrupción generalizada, etc.

Dinero hay y sobra. Que se destina a satisfacer necesidades sociales o a engordar parásitos, no depende de qué partido gobierne, sino de qué clase esté en el poder